Claudia Sekiné Montero Vázquez
9 abr 2020
Quienes intentan atravesar las fronteras se topan con el
hacinamiento en campos desbordados, la privación de libertad, o el acoso por
parte de fuerzas de seguridad y grupos de extrema derecha. Todo esto en un
contexto de emergencia sanitaria en el que los estados restringen el movimiento
de toda la población.
 |
Migrantes caminando por los montes para cruzar la
frontera Croata. Andrea Gabellone
|
La pandemia ha agudizado la situación de vulnerabilidad de
migrantes y refugiados, poniendo en riesgo su salud. La coyuntura desatada por
la aparición del Covid-19 evidencia que los sistemas sanitarios no están
preparados para afrontar una crisis de estas magnitudes, pero la pandemia no
afecta a todos por igual. Las condiciones de hacinamiento y las carencias de
servicios sanitarios en campos de refugiados son una constante, lo que
dificulta la contención de propagación del virus. Esto se suma a la
imposibilidad de continuar el trabajo en terreno de muchas organizaciones y la
falta de medidas de intervención sociosanitarias.
Este es el caso de quienes intentan llegar a Europa
atravesando Grecia y los Balcanes. El cierre de fronteras no es nuevo, pero
ante la crisis que estamos viviendo se agudiza el riesgo que corren miles de
personas. La situación es crítica, y las denuncias de organizaciones sociales
sobre la falta de soluciones son un eco continuo.
Primeros casos en
campos griegos e islas desbordadas
En Grecia se han puesto en marcha medidas de cuarentena
desde pasado 23 de marzo. Se prohíbe a la población salir de sus viviendas
salvo para cosas esenciales, entre las que se encuentran ir al médico, al
mercado o la farmacia y, por supuesto, ir a trabajar. La situación en el país
no parece de las peores, con 1.673 casos confirmados según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), pero la realidad de las personas migrantes se ha
visto aún más agravada.
En la isla de Lesbos la mayor parte migrantes y refugiados
se encuentran en el campo de Moria, donde sobreviven más de 20.000 personas a
pesar de tener capacidad solo para 3.000. En la línea las decisiones que viene
tomando el actual gobierno de Kyriakos Mitsotakis, que pretende transformar el
campo en un centro de detención, las medidas específicas consisten en
restringir las salidas a una única persona por familia, pudiendo abandonar los
campos una vez por semana y con alguna justificación por escrito. Además, no
pueden hacerlo a pie ni en bicicleta. Normalmente hay autobuses que llevan al
pueblo más cercano, Mitilini, pero se ha suspendido el servicio, por lo que
solo pueden salir pagando un taxi, gasto que pocas personas pueden permitirse.
Esto se traduce en que prácticamente nadie puede salir de los campos, por lo
que han quedado, de facto, encerradas. Esto es especialmente grave para quienes
requieran tratamiento médico ya sea por patologías graves, enfermedades
crónicas o cualquier otra necesidad. Además, muchas de las entidades que
operaban allí han tenido que dejar sus proyectos por falta de personal ya que
la mayoría de voluntarias y trabajadoras han vuelto a sus países de origen.
En Lesbos
prácticamente nadie puede salir de los campos, por lo que han quedado, de
facto, encerrados. Esto es especialmente grave para quienes requieran
tratamiento médico
Legal Center Lesbos denuncia lo “ineficaz de estas medidas
si no se acompañan de una mejora en de la infraestructura sanitaria y de
saneamiento de los campamentos”. Por el contrario, esto solo agrava los
problemas ya existentes, poniendo en un riesgo aún mayor a las personas que
viven en los campos, puesto que no existe cobertura sanitaria suficiente para
afrontar un posible brote del virus. Por ello, junto a otras organizaciones
sanitarias como Médicos Sin Fronteras, ponen de manifiesto la necesidad urgente
de evacuar campos. Mientras Mitsosakis, en una entrevista para la CNN, daba las
gracias a Dios porque no hubiera habido hasta el momento casos de coronavirus
en Lesbos o las otras islas.
Por mar las llegadas no cesan, durante el mes de marzo
desembarcaron en las islas griegas más de 1.400 migrantes, 800 de ellos en
Lesbos. Las personas que arriban a la isla griega estos días se encuentran en
el absoluto abandono. Son trasladadas a centros de detención donde ya hay casos
de familias que han estado semanas sin una respuesta de las autoridades a su
situación. Varias ONGs que trabajan en terreno denuncian que hay 24 personas, 5
de ellas niños, que desde el 22 de marzo están atrapadas en un pequeño espacio
portuario del que no les permiten salir y cuyo acondicionamiento se reduce a un
baño y un autobús estacionado para resguardarse del frío.
En el campo de refugiados de Ritsona, cercano a Atenas, se
han confirmado ya 23 casos, lo que ha llevado al Gobierno a poner en cuarentena
el campo en el que viven confinadas 2.200 personas.
En Grecia continental la situación tampoco es mucho mejor.
En el campo de refugiados de Ritsona, cercano a Atenas, se han confirmado ya 23
casos, lo que ha llevado al Gobierno a poner en cuarentena el campo en el que
viven confinadas 2.200 personas. Se han prohibido las entradas y salidas y se
han cerrado los espacios de uso común, que se habilitarán para cuarentenas. En
el campo de Malasaka, que alberga a 1.700 personas al norte de la capital, se
ha detectado también un caso positivo. El Ministerio de Sanidad ha decidido
tomar la misma medida, poniéndolo en aislamiento desde el pasado 5 de abril.
En la frontera terrestre entre Grecia y Turquía se habían
juntado unas 5.800 personas, según fuentes del gobierno turco, con la intención
de entrar a Europa durante el último mes. Esto llevó a una escalada de la
tensión entre los dos países que desembocó en la intervención de la Unión
Europea y de las autoridades griegas para intentar evitar a toda costa su
entrada. Se han repetido durante las últimas semanas imágenes de gases
lacrimógenos volando e incluso tiros, provocando la muerte de un hombre el
pasado 4 de marzo. La situación ha cambiado después de su traslado impuesto por
las autoridades turcas a centros de repatriación de donde aseguran podrán irse
cuando esta crisis termine. Pero aunque el número de personas que intentan
cruzar la frontera ha disminuido, muchas siguen intentándolo.
La crítica (y
crónica) situación de los Balcanes
La frontera croata continúa cerrada y las deportaciones en caliente
siguen siendo constantes. Mientras, miles de personas se encuentran atrapadas
en territorio bosnio, que ha aplicado una cuarentena que prohíbe salir a la
calle a partir las seis de la tarde y ha cerrado sus comercios no esenciales.
En las localidades fronterizas de Velika Kladuša y Bihać migrantes y refugiados
se hacinan en campos que superan con creces su capacidad, con unas condiciones
inhumanas que diversas organizaciones vienen denunciando desde hace meses. El
resto se reparten entre casas abandonadas, estaciones de tren y tiendas de
campaña.
Según la Organización Internacional para las Migraciones
(IOM) en el cantón de Una-Sana hay unas 4.100 personas en campos y 3.000 fuera
de ellos. Datos que probablemente sean más altos debido a la dificultad de
contabilizar a personas en tránsito fuera de los campos. Varios médicos han
avisado ya de que, si hubiera un brote del virus entre esta población, no
habría capacidad de contenerlo. Además, la atención sanitaria para las personas
migrantes, incluidas las urgencias, son de pago, lo que dificulta notablemente
el acceso.
En la frontera entre Bosnia y Croacia migrantes y refugiados
se hacinan en campos que superan con creces su capacidad o se reparten entre
casas abandonadas, estaciones de tren y tiendas de campaña.
Las autoridades han tomado la decisión de crear
apresuradamente un nuevo campo en Lipa en el que se restringirá la libertad de
movimiento y que estará custodiado por la policía. Desde las varias entidades,
entre ellas Amnistía Internacional, se teme que las condiciones de este campo
no sean adecuadas, como viene pasando con otros campos que han tenido que ser
evacuados por las deplorables condiciones, como en el caso del campo de Vucjak,
cerrado a principios de diciembre del año pasado. Además, según publica The
Guardian, las autoridades bosnias han tomado “medidas especiales” destinadas a
restringir todavía más el movimiento de las personas migrantes, prohibiendo sus
desplazamientos en tren, autobús o taxi.
En Serbia las noticias desde la frontera con Croacia no son
muy distintas. Tras la declaración del estado de emergencia, que incluye el
decreto de un toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana en todo el país,
el ejército ha intervenido en materia de migración. Según ACNUR hay en el país
8.328 solicitantes de asilo, entre los que 543 son menores no acompañados.
Desde Šid, localidad fronteriza con Croacia, la organización
No Name Kitchen denuncia que el ejército ha detenido a personas que dormían en
tiendas de campaña para forzar su entrada en los campos. Además, los tres
campos cercanos a la localidad están custodiados por el ejército y se han
prohibido las salidas sin una autorización del Comisariado Serbio para Refugio
y Migración. La situación dentro de los recintos tampoco es buena, puesto que
están sobresaturados y las condiciones no permiten el aislamiento. En uno de
ellos han montado unas carpas donde se hacinan 600 personas sin elementos de
separación entre las camas.
La presión hacia las personas migrantes continúa aumentando
en el país. Las agresiones por parte de grupos nacionalistas y de ultraderecha
se repiten y partidos políticos de la oposición han animado a acudir a
manifestaciones xenófobas durante los últimos meses. A finales de febrero se
hicieron virales unos vídeos de patrullas ciudadanas interceptado a migrantes
en Belgrado y difundiendo mensajes falsos para atemorizar. En los últimos días
se ha denunciado una agresión a un menor de 15 años a las afueras de un campo
de refugiados cercano a Šid en la que uno de los atacantes portaba un arma de
fuego. Además, algunos comercios locales prohíben la entrada a migrantes. Esto
sucede al mismo tiempo que los pocos voluntarios que han podido permanecer en
el país por motivos de seguridad ven dificultada su labor ante la situación
actual.
