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Madrid
31/03/2019
Javier Jennings Mozo
@javierjenningsm
El número de migrantes que llegan a Unión Europea (UE) se redujo en 2018 y registró su cifra más baja desde 2013. El año pasado se contabilizaron un total de 148.903 personas, frente a las 204.734 llegadas en 2017, lo que supone un descenso aproximado de un 27%, según Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).
Sin embargo, los casos de trata no decaen e incluso aumentan en varias áreas, según el informe anual publicado esta semana por el Centro contra el Tráfico de Migrantes (CTM), organismo adscrito a Europol. De hecho, los datos de 2017 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculan que en 2017 –año más reciente del que se tienen datos– al menos 80.000 personas en todo el mundo fueron víctimas del tráfico de personas; una cifra aproximada ya que, al tratarse de un mercado negro, es complicado establecer datos exactos.
Según el informe del CTM de Europol, el tráfico de personas sigue siendo un negocio criminal y muy lucrativo debido al bajo riesgo que enfrentan quienes lo manejan y a las penas relativamente débiles que se les imponen. Esto atrae tanto a criminales puntuales como a bandas profesionales de crimen organizado, que operan a través de sistemas de transferencias bancarias clandestinas, como el Hawala, y emplean grandes sumas de dinero en efectivo en sus transacciones, difíciles de rastrear.
“El creciente número de víctimas (de trata de personas) debería preocuparnos a todos”, explicó Catherine De Bolle, directora ejecutiva del CTM, quien añadió que “la lucha contra este tipo de crímenes atroces debe continuar”.
Las fuerzas policiales europeas han detectado un aumento del tráfico de personas tanto en el interior de la UE como en sus fronteras exteriores. Según Europol, esto ocurre principalmente en las zonas con mayor número de migrantes irregulares, entre ellas varios puertos de España, Italia y el Canal de la Mancha, así como lugares en los que las barreras físicas obligan a los migrantes a acudir a las mafias, como Ceuta, Melilla, Turquía y la isla de Lesbos (Grecia).
Europol asegura en su informe que las autoridades europeas se han centrado en estos “puntos de congestión”, provocando que las rutas irregulares se desplacen desde los puertos hacia el interior de los territorios. La creación de estas rutas alternativas supone un creciente desafío para las fuerzas del orden de la UE, según la Europol. Las rutas principales conducen a Reino Unido a través de Bélgica, Francia y Países Bajos, con ramificaciones que llevan a Alemania desde la península balcánica o Austria. Otras rutas de gran flujo, aunque menores, se sitúan en las islas Griegas o en la frontera terrestre entre Francia e Italia. El país galo gana relevancia como país de destino, aunque la proliferación del tráfico no está tan extendida en sus fronteras con España e Italia como lo está en las rutas balcánicas o en el Canal de La Mancha, apunta el CTM.
Además, en 2018 el número de llegadas por la ruta del Mediterráneo occidental se ha incrementado más del doble (+157%) respecto al año anterior, provocando un impacto directo en el aumento del tráfico de personas en esta zona. En abril de 2018, las fuerzas policiales españolas pusieron en marcha la Operación Jet Ski, una investigación respaldada por Europol para desmantelar una banda de crimen organizado que traficaba con menores y cannabis procedentes de Marruecos.
Las mafias perfeccionan su modus operandi
El método más común para realizar contrabando de personas sigue centrado en el uso de dobles fondos de coches, furgonetas y camiones. En 2018, Europol reportó más de 6.600 detenciones de migrantes irregulares en vehículos a través de la ruta de los Balcanes, de los que un 80% estaban escondidos en compartimentos de vehículos o expuestos a otras condiciones peligrosas.
Además, las bandas de crimen organizado involucradas en la trata de personas también suelen tener actividad en otras áreas criminales (“policriminalidad”, en jerga policial), especialmente en el uso de personas como mulas para el contrabando de drogas.
El uso de documentos falsificados también sigue siendo común y, además, ya no es exclusivo para el tráfico ilegal de migrantes, sino que se ha ampliado a otros fines, como la obtención fraudulenta de nacionalidades o de prestaciones sociales. Desde Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (AEGFC) afirman que desde mediados de 2016 crece de manera sostenida el uso de estos documentos para vuelos dentro del espacio Schengen con destino al norte de Europa, especialmente en períodos vacacionales.
Consecuencias del tráfico de personas
Según las previsiones de CTM, la llegada de migrantes desde África continuará y supondrá un aumento también de las redes de trata, tanto en las rutas hacia la UE como en su interior. Las nuevas tecnologías facilitan las comunicaciones entre bandas criminales, así como con los migrantes a los que van destinados sus anuncios. Estos avances hacen más difícil el rastreo y la monitorización que ejercen los cuerpos de seguridad europeos. Además, los avances tecnológicos también agilizan la respuesta de los grupos criminales ante los cambios legislativos, les permiten adaptarse con mayor celeridad a las nuevas medidas de seguridad y facilitan la falsificación de documentos y la aparición de nuevas rutas de tráfico, principalmente en los países del Este europeo, Ucrania y Bielorrusia, según Europol.
“Recientemente, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han subrayado de nuevo cómo la UE, lejos de desmantelar el negocio de los traficantes de personas y contrabandistas, está contribuyendo a crear un ciclo de violencia y abusos”, explicaban Covadonga de la Campa, de Amnistía Internacional, y Lotte Leicht de Human Rights Watch, en una carta remitida a principios de marzo a la ministra del Interior rumana y actual presidenta del Consejo Europeo, Carmen Daniela Dan.
Los grupos criminales especializados en trata obligan a sus víctimas a trabajos forzados o de alta precariedad, explotación sexual e incluso el tráfico de drogas. Estos delitos no solo afectan a los migrantes en situación irregular, sino también a los ciudadanos europeos. La mendicidad organizada, los delitos contra la propiedad o el narcotráfico en manos de personas obligadas empeoran la calidad de vida en Europa y fortalecen los estereotipos negativos asociados a los extranjeros.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, aseguró que mantendrá la cooperación con socios internacionales y con los países interesados para “prestar protección a los más necesitados, atacar las causas profundas de la migración, desmantelar las redes de los traficantes y crear vías de migración segura, ordenada y legal”. La voluntad expresada por Moghereni contrasta con el paquete de 140 millones de euros aprobado esta semana por Bruselas, que irán destinados a Marruecos para reforzar el control migratorio. Esta ayuda financiera no concibe cláusulas ni protocolos que velen por el respeto de los derechos humanos de los marroquíes ni de los migrantes que atraviesan ese país rumbo a Europa.
